Las trasformaciones sociales económicas y jurídicas sumadas a los cambios constitucionales que surgen en Colombia en los últimos años, da cuenta de la necesidad que hubo de redefinir el tema del consumo, otorgando una protección especial que tuviera en cuenta las particulares exigencias del entorno en el que se desarrollan estas actividades en el que hay que repensar conceptos como el de autonomía de la voluntad y adquieren mayor importancia el tema de la información. Mediante la ley 1480 de 2011, "se ha intentado establecer entre consumidores y proveedores relaciones más equilibradas, generar un marco de respeto mutuo, aumentar el crecimiento del mercado y beneficiar con su actividad y desarrollo a la comunidad".